Aprueban ratificación de 8 capítulos del proyecto de la nueva ley universitaria

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EL ALTIPLANO

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En sesión extraordinaria, la Comisión de Educación del Congreso de la República aprobó ratificar ocho primeros capítulos del proyecto de la nueva ley universitaria, y más o menos antes de fin de año deberá inciarse con el debate del resto del documento.

La ratificación de los referidos capítulos de aprobación en la anterior legislatura, se sometió a votación, ante el pedido de algunos parlamentarios al presidente de la comisión de educación del Congreso de la República, Daniel Mora.

Votaron a favor de la ratificación los congresistas nacionalistas, Vicente Zeballos (Solidaridad Nacional) y el propio Mora Zevallos (Perú Posible); en contra Alberto Beingolea (PPC-APP) y Yonhy Lescano (AP-FA); en tanto que se abstuvieron los fujimoristas José Elías y Néstor Valqui.

Capítulo I: Disposiciones generales

Este capítulo, aprobado el 04 y 10 de junio, refiere a la creación, funcionamiento, supervisión, transparencia y cierre de las universidades, así como considerar los principios y funciones del modelo institucional.

Asimismo, se subraya la autonomía de cada universidad, a pesar de la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. La Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar a la universidad por mandato judicial o pedido expreso del rector.

Capítulo II: Superintendencia Nacional de Educación Universitaria

Aprobado el 11 de junio, refiere a la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, la misma que ha recibido críticas y cuestionamientos porque se norma su creación sesenta días después de la eventual promulgación de esta ley.

Adscrita al Ministerio de Educación, se encargará de la supervisión de la calidad de educación, además de fiscalizar el uso de los recursos de las universidades. También podrá autorizar el funcionamiento de universidades públicas y privadas; así como definir su cierre o acreditación.

Su consejo directivo estará conformado por: un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ceplan, Concytec, dos de las universidades públicas, dos de las privadas, un miembro de los colegios profesionales y un representante del sector empresarial; grupo de cual se elegirá al presidente de la superintendencia.

Capítulo III: Creación y autorización del funcionamiento de universidades

Este apartado aprobado el 14 de junio, señala que antes de la creación de una universidad pública o privada, ésta deberá tener el visto bueno de la superintendencia. Además, la que deberá tener mínimamente dos facultades y que sus carreras profesionales propuestas satisfagan la demanda cuantitativa y cualitativa.

Establece también para la creación de universidades y las disposiciones para la autorización de funcionamiento provisional de estas casas superiores privadas, la cual no será mayor a los cinco años.

Capítulo IV: Evaluación, acreditación y certificación.

Aprobado el 14 de junio, estable que el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) establecerá los procesos de evaluación, acreditación y certificación para el mejoramiento de la calidad educativa, los cuales son obligatorios.

Asimismo, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), dependiente del SINEACE, acreditará las carreras o instituciones de educación superior universitaria o validará aquellos procesos de acreditación realizados por entidades autorizadas.

Un aspecto fundamental de este apartado destaca que si las facultades de una universidad no logran acreditar su calidad en tres evaluaciones inmediatas, serán clausuradas y disueltas por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria.

Capítulo V: Organización académica

Aprobado el 18 de junio, se subraya la función de la universidad y sus facultades, así como de los departamentos académicos, la parte más relevante es en la que se modifica los requisitos para la obtención del bachillerato y la titulación profesional.

El estudiante, una vez que culmina sus ciclos académicos exigidos por la universidad, podrá lograr el grado de bachiller elaborando, presentando y sustentado una tesis de investigación. De tal modo, se eliminará el bachillerato automático.

Asimismo, para la obtención de la titulación profesional, el bachiller podrá sustentar una segunda tesis o presentar un trabajo de suficiencia profesional. También deberá demostrar el conocimiento de un idioma extranjero o una lengua nativa.

Para obtener una maestría, el titulado tendrá que aprobar al menos 48 créditos o cuatro semestres académicos, además de elaborar una tesis de carácter original conforme a la especialidad estudiada. Además, deberá dominar un segundo idioma o una lengua nativa.

Mientras que para obtener el grado de doctor, el magister deberá concluir satisfactoriamente los seis semestres de estudio o los 64 créditos, presentar una tesis de máxima rigurosidad académica y de carácter original y dominar dos idiomas extranjeros, de los cuales uno puede ser reemplazado por una lengua nativa.

Capítulo VI: Investigación

Aprobado el 24 de junio, enmarca a la investigación como una función esencial y obligatoria de cada universidad, que tendrá la labor de propiciarla, fomentarla y realizarla. Las universidades públicas o privadas deberán participar en la elaboración y formación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

También se señala que los gobiernos regionales destinarán el 20 % de los recursos percibidos por el canon a las universidades públicas de su zona, para la inversión en investigación científica y tecnológica. En ningún caso, este dinero puede ser utilizado para el pago de retribuciones o remuneraciones.

Capítulo VII: Gobierno de la universidad

Aprobada el 01 de Julio, establece que para ser rector se requiere ser docente ordinario en la categoría de principal con no menos de 15 años en la docencia universitaria y cinco años en la categoría, dentro de la misma universidad, así como tener un mínimo de 20 horas de dedicación a la universidad.

Restringe la elección en el cargo de rector de una universidad a personas condenadas por delitos de terrorismo, violación contra la libertad sexual, narcotráfico o delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada. Tampoco puede tener problemas relacionados con violencia familiar.

También se fija al Consejo Universitario como el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la universidad, siendo su función principal aprobar el presupuesto general de la universidad, autorizar los actos y contratos que atañen a la universidad y resolver todo lo pertinente a su economía.

El capítulo también establece que todas las universidades contarán con dos vicerrectores: uno académico y otro de investigación. Los vicerrectores apoyan al rector en la gestión de las áreas que les sean asignadas.

Capítulo VIII: Docentes

Finalmente, este capítulo aprobado el 3 de julio, precisa que los catedráticos ordinarios y eméritos no cesarán por límite de edad en la función docente, excepto por incapacidad física o mental comprobada fehacientemente.

También menciona que serán destituidos los docentes que realicen, en las instalaciones universitarias, actividades de proselitismo partidario a favor de partidos políticos, movimientos, alianzas o dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales.

Asimismo, serán separados aquellas personas que están en proceso judicial por delitos contra la libertad sexual, apología del terrorismo y sus formas agravadas, delitos contra la fe pública, delitos contra la corrupción de funcionarios y delitos por tráfico ilícito de drogas.

En cuanto a los sueldos de los catedráticos de las universidades públicas, será establecido por categoría y su financiamiento proviene de las transferencias corrientes del Tesoro Público. Mientras que a los de las universidades privadas se regirán por las normas del régimen laboral privado.

Por último, serán cesados temporalmente los docentes que causen perjuicio al estudiante o a la universidad, realicen actividades lucrativas para beneficio propio, abandonen el cargo injustificadamente. El cese temporal es impuesto por el órgano de gobierno correspondiente.

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