Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 12 servidores ediles

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EL ALTIPLANO

El juez de Investigación Preparatoria de San Román, Iván Arias Calvo, dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de 12 ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Román y ex servidores ediles, implicados en la adquisición irregular de videocámaras, patrulleros y motos para Serenazgo en el año 2011.

La audiencia se desarrolló desde las 9:00 de la mañana en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, a la que sólo asistieron los abogados de los acusados, por lo que se ordenaría la orden de captura de los implicados.

Los acusados son Alberto Manuel Mellado Pérez, Walter Macuaga Alarcón, Walter Daniel Blanco Mamani, Roger Magno Puma Salazar, Edwin René Arapa Cutipa, Wilber Zela Centeno, Mery Mamani Adco, Jorge Héctor Silva Ruiz, Hugo Ruve Sardón Quispe, Santos Eleuterio Quispe Naira, Jesús Raúl Ccoa Quinóñez y Víctor Fidel Rodríguez Casaperalta.

Mientras que Román Augusto Godoy Portugal, otro de los implicados, fue absuelto de la sentencia por su edad, al tener 68 años; sin embargo, deberá cumplir con una caución de 3 mil nuevos soles.

Cabe recordar que la solicitud de prisión preventiva fue interpuesta por que se cometieron una serie de irregularidades en la compra del sistema de cámaras en el año 2011, como haber beneficiado a una sola empresa proveedora, de nombre “Netkrom Technologies SAC”, perjudicando a la comuna económicamente.

De acuerdo a las investigaciones, la municipalidad provincial implementó el sistema electrónico de seguridad, con 30 cámaras de videovigilancia, adquiridas de la empresa Netkrom Technologies S.A.C. con un monto superior a 1’767,000.00.

Sin embargo, inicialmente el proyecto denominado Fortalecimiento de la División de Serenazgo Municipal, requirió un presupuesto de 753 mil 360 soles, para lograr el financiamiento en enero de 2011; los funcionarios Roger Puma Salazar y Alberto Manuel Mellado buscaron que se declare en emergencia el sistema de seguridad ciudadana.

Fue la Contraloría General de la República la entidad que halló las irregularidades, indicando en su informe que habría una sobrevaloración de los bienes adquiridos, buscando la exoneración de licitación pública por la referida declaratoria de emergencia.

Fuente: Los Andes.

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