¡AMPAY! Contraloría detecta sobrevaloración y compras fraudulentas en el GRA

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EL ALTIPLANO

Contraloría detecta sobrevaloración y compras fraudulentas en el GRA

Contraloría detecta sobrevaloración y compras fraudulentas en el GRA

Los dos contratos suscritos entre Juan Manuel Guillén y Ángel Nicasio Peña Delgado, evidencian la participación del ex presidente regional en lo que un medio local ha llamado “negociado” y que implica un beneficio líquido de 4 millones de soles pagados por el GRA al primo hermano de su funcionaria de confianza, Sarah Peña Dávila.

La compra de dos predios rústicos para el proyecto del Puente Chilina fue ilegal, forzada, y antitécnica, según el categórico informe de Contraloría contenido en la Carpeta de Control 043-2014, emitido el 31 de diciembre del año pasado e inmediatamente enviado a la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, en Lima, donde se tramita una investigación contra el ex presidente regional y sus funcionarios, Jorge Luis Aguilar, ex gerente y Sarah Peña, ex jefa de Proyectos Especiales.

Según este informe, los esposos Ángel Nicasio Peña y Sonia Riveros, compraron dos terrenos rústicos en Cayma con una extensión de 28 mil metros cuadrados por la suma de US$ 13 000 (trece mil dólares), en diciembre de 2012, sólo días antes de venderle una octava parte (3,589 m2) al Gobierno Regional, por la suma de 4 millones 68 mil 502 nuevos soles (S/ 4 068 502.71). Es decir, cerca de mil veces más de lo que se pagó por ellos.

Adicionalmente, los terrenos no estaban saneados. Los esposos Peña-Riveros hicieron estas ventas al GRA, en enero y diciembre de 2013, sin haberlos inscrito en Registros Públicos. Juan Manuel Guillén obvió este detalle así como el hecho que estos terrenos fueron incluidos en el proyecto “por indicación expresa de la ingeniera Sarah Haydee Peña Dávila… quien materialmente determinó el trazo definitivo de dicho tramo sin previos estudios de preinversión declarados viables ni expediente técnico aprobado”. Y encima, el GRA pagó por ellos a Sunat el impuesto de la venta que le corresponde pagar a los vendedores y que ascendió a 120 mil soles.

Otro caso que ha concluido la Contraloría es el de la innecesaria expropiación del fundo Tocrahuasi por el que se pagó 2 millones 268 mil soles y, finalmente, no fue utilizado para el proyecto debido a su carácter intangible, al ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación, lo que era de conocimiento del GRA. También se hizo al margen de la Ley de Expropiaciones y se pagó dos indemnizaciones al propietario, Christian Mauricio de la Cruz Zeballos Medrano, pariente del ex líder sindicalista Horacio Zeballos Gamez.

Está en proceso el informe sobre la expropiación del terreno de la familia Arenas Zegarra, por el cual se pagó un total de 14 millones de soles, de manera injustificada, terreno en el que la esposa del presidente regional, Nora Solís, poseía hasta 2008 una vivienda que luego ha sido expropiada y demolida para la construcción del Puente.

“SISTEMA DE CONTRATOS DIRECTOS”

Respecto a este sistema diseñado y denominado así por el ex Gerente Regional, Jorge Luis Aguilar, que se puso en práctica entre el 24 de setiembre de 2012 y el 16 de mayo de 2014, la Contraloría señala que “bajo el argumento de que las formalidades de los procesos de selección y exoneraciones, previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, no eran razonables, … se realizaron contrataciones directas por 38 millones 299 mil soles… generando que éstas se hayan orientado y beneficiado a determinados proveedores”.

Como ya había informado el año pasado el fiscal supraprovincial anticorrupción, Hamilton Castro Trigoso, se trata de 73 contratos firmados en su mayoría por Aguilar, sin que este funcionario tuviera la autorización expresa requerida por parte del titular, Juan Manuel Guillén, que había delegado esa atribución al Jefe de la Oficina de Administración.

Lo novedoso aquí es que la Contraloría señala que –interrogado sobre el asunto- el entonces presidente regional, Juan Manuel Guillén, “remitió a la comisión auditora, información que no se ajusta a la realidad”. Pues se señala que teniendo pleno conocimiento que estas contrataciones se habían hecho al margen de la ley, no las declaró nulas y, por el contrario, “dispuso la implementación de un plan piloto para las contrataciones de bienes y servicios sin proceso de selección, además de haber propuesto aprobar, a nivel regional, un marco institucional para las mismas”.

En este informe se menciona a varios proveedores como ejemplo del favorecimiento en que incurrió el GRA al realizar contrataciones directas por montos altos en los que debía efectuarse concurso de precios o licitación, que asegurara “contar con los expedientes de contratación aprobados que contengan, principalmente, los requerimientos del área usuaria y los estudios de posibilidades que ofrece el mercado”. Es decir, no había requerimientos de las respectivas áreas, no se pidió a los proveedores la constancia de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y, en muchos casos, no se pidió las garantías del caso, concediéndoles más bien adelantos ilegales que pusieron en riesgo los recursos públicos.

En la exploración sobre los dueños de estas empresas, habrá aún muchas revelaciones. No dejen de leer el artículo detallado de éstos y otros casos en nuestra edición impresa que estará en circulación el próximo fin de semana.

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